Estos transportes modificados artesanalmente son utilizados por organizaciones criminales para resistir enfrentamientos y llevar a cabo sus operaciones ilícitas.

La destrucción de los "monstruos" se realizó bajo la supervisión del Ministerio Público Federal, peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control de la FGR para garantizar que el procedimiento se apegara a la normativa aplicable. Esta medida forma parte de una estrategia continua para debilitar la infraestructura logística de los cárteles que operan en el estado. Acciones similares se llevaron a cabo en junio y abril del mismo año, donde se destruyeron 15 y 32 vehículos respectivamente, lo que demuestra un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades para mermar la capacidad de movilización y combate de estos grupos. Al retirar de circulación estos vehículos de combate, el Estado mexicano busca afectar directamente las capacidades operativas de las organizaciones criminales y reforzar la seguridad en una de las zonas más conflictivas del país.