Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024 durante un operativo de alcoholímetro implementado bajo las órdenes del presidente municipal Juan Carlos García Márquez. Según el informe de la DDHPO, los dictámenes periciales demuestran que Diego Ignacio no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de drogas. Él y un acompañante huyeron del retén “por temor a la actitud violenta de los policías”.

El joven sobreviviente relató ante la Defensoría: “Corrimos porque vimos que venían los policías... escuché seis disparos... y cuando me alcanzaron, me golpearon hasta que el techo donde estaba se rompió y caí”. La investigación documentó que los agentes involucrados no contaban con capacitación ni permisos para portar armas de fuego, y que, a pesar de ello, utilizaron fuerza letal. La DDHPO calificó el caso como una ejecución extrajudicial y señaló que, tras ser herido, Diego fue pateado y torturado por los agentes. Además, la Defensoría acusó al Ayuntamiento de difundir información falsa al afirmar que los jóvenes estaban alcoholizados y habían atropellado a un policía, hechos desmentidos por los peritajes. La administración municipal también fue omisa en proporcionar la identidad de los servidores públicos que intervinieron. La familia de la víctima exige justicia y la destitución del alcalde, mientras la DDHPO se comprometió a dar seguimiento “hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia”.