El Sistema Nacional Anticorrupción ha exigido una investigación exhaustiva sobre las finanzas del legislador.

La diputada federal suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, formalizó las 37 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Gobernación. Estas acciones legales se fundamentan en 37 observaciones no solventadas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, durante su mandato en Tabasco. En respuesta a estos señalamientos, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus homólogos estatales emitieron un exhorto público para que diversas instituciones investiguen las posibles discrepancias en las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses del senador. El llamado se dirige al Senado de la República, su Órgano Interno de Control, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ASF, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los comités ciudadanos enfatizaron que "nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad", y solicitaron al Senado que "no sea utilizada como escudo para evadir responsabilidades".

Se pide a las autoridades actuar con rigor técnico y transparencia, instando al propio senador a colaborar voluntariamente para esclarecer las dudas y fortalecer la confianza en las instituciones.