Sin embargo, se incluyen 34 agravantes que elevan las sanciones.

Por ejemplo, el "cobro de piso" o la extorsión a comerciantes podría castigarse con hasta 20 años de prisión, mientras que el uso de violencia física, la extorsión desde centros penitenciarios o el empleo de menores de edad podrían alcanzar penas de hasta 25 años.

La nueva legislación también contempla la denuncia anónima a través del número 089 y establece que los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales. A pesar del consenso general, diputados de oposición (PAN y PRI) advirtieron que la ley podría tener un efecto no deseado, ya que las penas mínimas que establece son inferiores a las máximas vigentes en algunos estados como Baja California, Guerrero y Morelos. Esto, argumentan, podría permitir que cientos de personas ya sentenciadas apelen sus condenas para obtener una reducción de pena y una liberación anticipada, lo que calificaron como un "fraude a la ley".