El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó los ataques, afirmando que se dirigieron a "Organizaciones Terroristas Designadas" en aguas internacionales.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con estas intervenciones y solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente convocar al embajador de EE.

UU. para establecer un protocolo mejorado.

La propuesta de México es que, al detectar una embarcación sospechosa cerca de aguas nacionales, las autoridades mexicanas sean notificadas para realizar la detención, priorizando el arresto sobre el uso de fuerza letal. "No queremos que haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica", declaró Sheinbaum. Como parte de la respuesta, la Secretaría de Marina (Semar) ha iniciado una operación de búsqueda y rescate a 830 kilómetros de Acapulco para localizar a un sobreviviente de uno de los ataques, tras una solicitud de la Guardia Costera de EE.

UU.

El incidente ha abierto un debate sobre los límites de la lucha contra el narcotráfico y el respeto al derecho internacional.