Las protestas, que exigen mejores precios para sus cosechas, han provocado severas afectaciones económicas y han adquirido un matiz político.

Las manifestaciones, que han incluido el cierre total o intermitente de vías como el Arco Norte y la autopista México-Querétaro, han generado pérdidas superiores a los 2,300 millones de pesos, según la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), debido a la interrupción de cadenas logísticas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, si bien existen demandas legítimas, también hay “intereses políticos” detrás de los bloqueos. De acuerdo con el gobierno, se ha identificado a once líderes de las protestas como militantes o simpatizantes de los partidos PAN y PRI, lo que sugiere una motivación más allá de las demandas del sector agrícola. A pesar de que algunos grupos de agricultores, como los de Michoacán, anunciaron una tregua durante las festividades de Día de Muertos, advirtieron que reanudarán los cierres si no se cumplen los acuerdos. Otros, como los de Guanajuato, consideran insuficiente el apoyo federal y exigen un “precio piso” de 7,200 pesos por tonelada, denunciando abusos por parte de los industriales. La situación refleja una profunda crisis en el campo, exacerbada por la tensión entre las necesidades de los productores y las dinámicas del mercado y la política.