El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas, un evento público por el Día de Muertos. El ataque, que ocurrió frente a su familia y cientos de asistentes, ha conmocionado al país y subraya la grave crisis de seguridad que enfrentan los funcionarios locales en México. Manzo, quien llegó a la alcaldía por la vía independiente a través del movimiento "La Sombreriza", era conocido por su postura frontal contra el crimen organizado, lo que le valió el apodo de "el Bukele mexicano". Semanas antes de su muerte, había solicitado públicamente el apoyo del gobierno federal, declarando: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”. Según el Gabinete de Seguridad, Manzo contaba con un dispositivo de protección que incluía 14 elementos de la Guardia Nacional.
El atentado se produjo cuando el edil convivía con ciudadanos y se tomaba fotografías.
Testigos relataron que un sujeto armado le disparó por la espalda en al menos siete ocasiones.
En la confrontación posterior, uno de los agresores fue abatido por los escoltas del alcalde, y otras dos personas fueron detenidas.
El crimen ha generado una ola de indignación a nivel nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el "vil asesinato" y convocó a una reunión del Gabinete de Seguridad, asegurando que no habrá impunidad. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lamentó el homicidio y ofreció "profundizar la cooperación en materia de seguridad". La tensión social se hizo evidente durante el funeral del alcalde, donde el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue recibido con gritos de "¡asesino!"
y abucheos, obligándolo a retirarse del lugar.
La memoria de Manzo también fue honrada a través de la cultura popular con la composición de un corrido que narra su asesinato y su valiente postura, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales.
En resumenEl asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante una celebración pública, evidencia la escalada de violencia contra funcionarios en México. A pesar de contar con protección federal, su postura firme contra el crimen organizado lo convirtió en un objetivo. El suceso ha provocado una fuerte condena política y social, así como la exigencia de justicia y un replanteamiento de las estrategias de seguridad para proteger a las autoridades locales.