El detonante fue el asilo otorgado por el gobierno mexicano a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, vinculada al fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. El anuncio fue realizado por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien calificó la medida como un “acto inamistoso” y una consecuencia de las “reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”. Betssy Chávez, quien fue jefa de gabinete de Pedro Castillo, enfrenta una investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Según el gobierno peruano, Chávez se encontraba asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima. Como consecuencia de la ruptura, se informó a la encargada de la embajada de México, Karla Tatiana Ornelas Loera, que tiene un plazo perentorio para abandonar el país. Esta crisis es la culminación de una serie de desencuentros que comenzaron en 2022, cuando México otorgó asilo a la familia de Castillo tras su destitución, un acto que Lima consideró una injerencia. Aunque el canciller De Zela aclaró que la medida no afecta las relaciones consulares, la suspensión de los vínculos diplomáticos plenos representa un deterioro profundo en la relación bilateral. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes diplomáticas citadas por medios locales aseguran que el país mantendrá su postura de respeto a los tratados internacionales sobre asilo político. Analistas advierten que la decisión podría reconfigurar los equilibrios diplomáticos en América Latina y afectar la cooperación económica y de seguridad entre ambas naciones.