La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una denuncia penal por el acoso sexual que sufrió en el Centro Histórico, un hecho que ha generado una condena generalizada y ha puesto de relieve la urgencia de unificar la tipificación de este delito en todo el país. El incidente ha provocado un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres y la seguridad de la mandataria. El martes 4 de noviembre, mientras caminaba desde Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública, un hombre identificado como Uriel 'N', en aparente estado de ebriedad, se acercó a la presidenta, intentó besarla y la tocó sin su consentimiento. La propia mandataria admitió no haberse percatado de la gravedad del acto en el momento, sino hasta ver los videos que circularon en redes sociales. Al día siguiente, en su conferencia matutina, anunció la presentación de la denuncia, declarando: “Si esto le hacen a la Presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?
Es algo que no debe ocurrir; nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar”.
A raíz del suceso, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de las Mujeres para revisar la legislación en los 32 estados y asegurar que el acoso sea considerado delito penal en todo el territorio, además de anunciar una campaña nacional de concientización. El agresor fue detenido y, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está relacionado con otras dos agresiones a mujeres el mismo día. El evento desató una ola de solidaridad por parte de figuras como Beatriz Gutiérrez Müller, la ONU, la Conago y senadoras de todos los partidos, quienes condenaron la agresión y urgieron a no normalizar la violencia de género. A pesar de las críticas de la oposición sobre fallas en su seguridad, Sheinbaum rechazó reforzarla, afirmando que no puede “estar lejos de la gente”.
En resumenLa agresión contra la presidenta Sheinbaum resultó en la detención del responsable y la presentación de una denuncia formal. El suceso ha impulsado una iniciativa para homologar el delito de acoso en todo México y ha generado una amplia condena, abriendo un debate nacional sobre la violencia de género y la seguridad de los funcionarios públicos.