La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue puesta en libertad este jueves tras permanecer en prisión durante cuatro años y ocho meses. Su liberación se produjo después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia de 10 años de cárcel que pesaba sobre ella por el caso conocido como “Golpe de Estado II”. El TSJ determinó que la asunción de Áñez a la presidencia en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional” ante el vacío de poder existente.
La resolución judicial señaló que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” y al debido proceso en su juicio.
A su salida de la cárcel de San Pedro de La Paz, Áñez, ondeando una bandera boliviana, declaró: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando la patria me necesitó”. Fue encarcelada en marzo de 2021 y condenada en 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en un proceso impulsado por el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS). A pesar de su liberación, Áñez aún enfrenta otros procesos judiciales, notamment por la muerte de civiles durante las protestas en Sacaba y Senkata en 2019. Su defensa argumenta que estos casos deben ser tratados en un juicio de responsabilidades, un procedimiento especial para expresidentes que requiere autorización del Legislativo.
En resumenLa anulación de la condena y posterior liberación de Jeanine Áñez representa un giro significativo en la crisis política de Bolivia, al reclasificar judicialmente su ascenso al poder como una “necesidad constitucional”. Aunque ha recuperado su libertad, su situación legal no está completamente resuelta, ya que persisten otras acusaciones en su contra que deberán ser dirimidas en distintas instancias judiciales.