Las nuevas leyes buscan garantizar el sustento de menores de edad mediante la creación de registros públicos y la restricción de derechos como la obtención de licencias de conducir o la celebración de matrimonios. En Nuevo León, el decreto publicado el 7 de noviembre establece la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

Quienes figuren en esta lista no podrán tramitar ni renovar su licencia de conducir, contraer matrimonio civil, ocupar cargos públicos, participar en elecciones o adoptar menores hasta que regularicen sus pagos.

La medida, que ha sido aplaudida por especialistas en derecho familiar como "una herramienta efectiva para garantizar el interés superior de la niñez", también ha generado críticas por ser considerada punitiva al restringir derechos civiles. De manera similar, el congreso de Nayarit aprobó una reforma para impedir que los deudores alimentarios obtengan su licencia de conducir, sumándose a los esfuerzos para proteger los derechos de las infancias. Otras entidades como Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México ya cuentan con registros o analizan propuestas similares, lo que consolida una estrategia a nivel nacional para cerrar el paso a la impunidad por abandono económico y reforzar la responsabilidad parental.