UU., que ha calificado los ataques como legales bajo las leyes de conflicto armado.

La ONU, por su parte, ha expresado preocupación, sugiriendo que podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”. El tema ha dividido opiniones en la región; mientras México y otros países cuestionan la legalidad de las acciones, expresidentes latinoamericanos como el colombiano Álvaro Uribe han defendido la estrategia estadounidense, argumentando que es necesaria para combatir al “narcoterrorismo” y la amenaza que representa el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.