La Suprema Corte ordena a Grupo Salinas pagar deuda fiscal de casi 50 mil mdp

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto fin a una prolongada disputa fiscal, ordenando a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Elektra y TV Azteca, el pago de créditos fiscales que, con actualizaciones y recargos, se acercan a los 50 mil millones de pesos. Esta decisión unánime representa un precedente histórico en la política de recaudación del país. El pleno de la Corte desechó por unanimidad los últimos siete recursos legales de las empresas, relacionados con adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos de los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. Los ministros determinaron que los amparos promovidos “no revisten cuestiones de constitucionalidad”, por lo que no procedía un análisis a fondo, dejando firmes las sentencias de tribunales inferiores que ya habían fallado a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La deuda original, de 35,873 millones de pesos, creció significativamente debido a los años de litigio. La reacción de Grupo Salinas fue inmediata y contundente, calificando la decisión como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho”. En un comunicado, acusó a la SCJN de ser una “Corte espuria” que obedeció “al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal”. La empresa anunció que recurrirá a instancias internacionales, argumentando una “persecución política sistemática”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la postura del empresario, declarando: “Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes sociales”. La mandataria aludió a una campaña en su contra en la que, según el gobierno, se han invertido 90 millones de pesos, y reafirmó que su administración defiende el Estado de Derecho donde “nadie ni nada por encima de la ley”.

En resumen

La SCJN cerró definitivamente la vía legal en México para que las empresas de Ricardo Salinas Pliego eviten el pago de una deuda fiscal multimillonaria. Mientras el conglomerado acusa una persecución política y anuncia que acudirá a tribunales internacionales, el gobierno federal celebra la decisión como un acto de justicia y cumplimiento de la ley.