Las protestas, que se replicaron en al menos 27 estados, expusieron una profunda polarización entre manifestantes y autoridades.

La movilización principal en la Ciudad de México, que congregó a unas 17,000 personas según cifras oficiales, transcurrió de manera mayoritariamente pacífica desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Sin embargo, al llegar a la Plaza de la Constitución, un grupo de encapuchados derribó las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional, lo que desencadenó un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los agentes utilizaron polvo de extintores y, según reportes, gases para contener a los manifestantes, quienes respondieron lanzando objetos.

El saldo oficial fue de 100 policías y 20 civiles heridos, además de 40 personas detenidas.

La violencia generó una ola de reacciones políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenaron los disturbios, atribuyéndolos a "grupos radicales" y deslindándolos de una protesta legítima. Morena y sus aliados acusaron a la oposición de estar detrás de los actos violentos, señalando una supuesta campaña de desinformación impulsada por "la derecha internacional".

Por su parte, partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano condenaron lo que calificaron como "brutalidad policial" y "autoritarismo", defendiendo el derecho a la manifestación. En medio del caos, la bandera del anime 'One Piece' fue adoptada por muchos jóvenes como un símbolo de rebeldía contra un sistema que consideran injusto.

Tras los hechos, el colectivo 'Generación Z' convocó a una nueva marcha para el 20 de noviembre.