La marcha convocada por la autodenominada 'Generación Z' en la Ciudad de México culminó con actos de violencia, enfrentamientos con la policía y múltiples detenciones, escalando el conflicto a la arena judicial con acusaciones de tentativa de homicidio. Las autoridades capitalinas y federales han responsabilizado a la oposición de orquestar la violencia, mientras que activistas y familiares de los detenidos denuncian represión y abuso policial. El gobierno, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha calificado la movilización como un “montaje” de la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego para crear una “narrativa falsa” de represión. Oficialmente, se reportaron 14 policías hospitalizados y 18 personas puestas a disposición del Ministerio Público, de las cuales tres enfrentan cargos por tentativa de homicidio.
La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que se investigan agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes.
En contraparte, el activista Alberto Capella afirmó: “Los pacíficos fuimos nosotros”, describiendo una manifestación mayoritariamente familiar y pacífica que fue reprimida.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha abierto 18 carpetas de investigación contra policías por presunto uso excesivo de la fuerza y ha suspendido a siete de ellos.
La organización Artículo 19 documentó 13 agresiones a periodistas durante las protestas. Este evento ha profundizado la polarización política, con un cruce de acusaciones sobre la autoría de la violencia y la legitimidad de la protesta.
En resumenLa marcha de la 'Generación Z' derivó en violencia y un fuerte debate político. Mientras el gobierno acusa a la oposición de un montaje para generar una narrativa de represión, los manifestantes denuncian abuso policial. El saldo incluye policías heridos, múltiples detenidos con cargos graves y agentes bajo investigación, reflejando una profunda división en la interpretación de los hechos.