Tras la manifestación, que terminó en enfrentamientos en el Zócalo capitalino, un juez de control dictó prisión preventiva justificada a cinco imputados, mientras que otros seguirán su proceso en libertad con medidas cautelares. La gravedad de los cargos, como tentativa de homicidio contra un policía, ha sido un punto central en las audiencias. En respuesta, organismos como la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas y el Instituto Nacional de Capacitación (INCAM) presentaron denuncias ante la FGR por presuntos actos de tortura y tratos crueles por parte de la policía capitalina. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, pidió una investigación exhaustiva para determinar si los detenidos son responsables o víctimas. La controversia escaló al ámbito político cuando la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió un contrato por más de dos millones de pesos entre el PAN de la CDMX y Edson Andrade, uno de los convocantes, por servicios de estrategia digital. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, reconoció el contrato pero deslindó al partido de la organización de la marcha, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser “represor”. En medio de la tensión, se ha convocado a una nueva marcha para el 20 de noviembre, lo que llevó a la Embajada de EU a emitir una alerta de seguridad para sus ciudadanos.