La segunda movilización convocada por la autodenominada 'Generación Z' en la Ciudad de México no logró la convocatoria esperada y concluyó tras ser bloqueada por un cerco policial que le impidió llegar al Zócalo. La protesta reflejó una notable disminución en el número de asistentes en comparación con la primera marcha del 15 de noviembre. Con un contingente que no superó las 200 personas, los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia con consignas como “Morena narcogobierno” y críticas a la presunta represión policial. Sin embargo, su avance fue detenido en Paseo de la Reforma por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes argumentaron la necesidad de evitar interferencias con el Desfile Cívico-Militar de la Revolución Mexicana que se realizaba simultáneamente. Tras casi dos horas de espera y al ser informados de que el paso no se permitiría hasta mucho más tarde, el grupo comenzó a dispersarse.
La SSC reportó la detención de seis hombres, cinco por participar en una riña y uno por posesión de narcóticos. La controversia en torno al movimiento se intensificó con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la mayoría de los participantes no eran jóvenes y que existía una operación política detrás. Esta versión fue respaldada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien exhibió un contrato del PAN con Edson Andrade, uno de los promotores de la marcha, por más de dos millones de pesos por servicios de estrategia digital.
Andrade, por su parte, anunció que abandonaría el país acusando una “persecución política”. En contraste, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, reprochó al oficialismo por intentar “descalificar” una movilización que, a su juicio, refleja una inconformidad social creciente.
En resumenLa segunda marcha de la 'Generación Z' tuvo una convocatoria significativamente menor a la primera, fue contenida por la policía antes de llegar al Zócalo y se vio envuelta en una fuerte controversia política sobre su autenticidad y financiamiento, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición.