La decisión se basó en que Duarte no acreditó buena conducta durante su reclusión, citando hallazgos de objetos prohibidos en su celda y señalamientos de obstaculizar otros procesos judiciales en su contra. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que Duarte “no es un reo común” debido al impacto social y financiero de los delitos por los que fue sentenciado en 2018: lavado de dinero y asociación delictuosa. La FGR también presentó testigos para sostener que el exgobernador no cumple las condiciones para una adecuada reinserción social. Un elemento clave en la decisión fue que Duarte aún tiene pendiente un proceso por presunta obstrucción en una investigación por desaparición forzada, aunque en 2024 fue exonerado del delito principal de desaparición forzada, lo que le permitió iniciar el trámite para su libertad anticipada. La resolución actual cierra la posibilidad de que el exgobernador, detenido en 2017, abandone la cárcel antes de abril de 2026.