Sin embargo, contempla 34 agravantes que incrementan significativamente las sanciones.

Por ejemplo, en casos de "cobro de piso" o cuando la extorsión se dirige a actividades comerciales, las penas podrían alcanzar hasta 33 años. El castigo máximo de 42 años se aplicaría cuando se emplee violencia física o se exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado intencionalmente. La ley también endurece las penas para servidores públicos que, conociendo un acto de extorsión, no lo denuncien. Además, se establece la persecución de oficio del delito y la posibilidad de realizar denuncias anónimas a través del número 089. La aprobación final en la Cámara de Diputados incluyó las modificaciones previamente realizadas por el Senado, que había endurecido las penas propuestas originalmente por el oficialismo, un punto que generó debate entre las bancadas durante la discusión.