La medida, impulsada por el gobierno federal, ha provocado una crisis con el sector agrícola, que ha respondido con bloqueos carreteros en varios estados del país. La aprobación del paquete legislativo se dio con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones en lo particular, tras incorporar 18 reservas de último momento propuestas por Morena y sus aliados.

El gobierno, a través del director de la Conagua, Efraín Morales, defiende la reforma como un instrumento para “dejar de ver el agua como una mercancía”, combatir el acaparamiento, la sobreexplotación y un “mercado negro” que enriquece a unos pocos. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la ley “recupera para el Estado la rectoría del agua”. Sin embargo, la oposición y organizaciones campesinas denuncian que la reforma se aprobó en “fast track” y sin la debida consulta a pueblos originarios, lo que, según el diputado del PRI Rubén Moreira, la hace “inconstitucional”.

Las protestas se han intensificado en estados como Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Tlaxcala, con productores bloqueando carreteras federales y cruces fronterizos.

Líderes como Heraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advierten que las movilizaciones continuarán si el Senado no atiende sus demandas, que incluyen la regularización de pozos y la certeza jurídica sobre la herencia de concesiones. El Consejo Consultivo del Agua, por su parte, advirtió que la ley, aunque bien intencionada, carece de un presupuesto suficiente para ser implementada, señalando que México invierte apenas el 10% del estándar internacional en infraestructura hídrica.