La FGR ha procedido penalmente contra Casar por haber tramitado y obtenido la pensión bajo estas presuntas irregularidades. Además, la investigación se ha extendido a dos exfuncionarios de Pemex de la época, quienes serán acusados formalmente por su presunta complicidad al facilitar los trámites para la asignación de la pensión. Este caso ha adquirido una alta notoriedad debido al perfil de María Amparo Casar, una figura prominente de la sociedad civil y crítica del gobierno actual, lo que ha generado un debate sobre si el proceso es un genuino esfuerzo anticorrupción o una acción con motivaciones políticas.