La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este acuerdo no comprometerá el suministro para consumo humano o agrícola en México. "No se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos", afirmó, explicando que se analizaron diversas cuencas para cumplir con la solicitud estadounidense. El acuerdo se da tras la presión de Trump, quien había amenazado con un arancel del 5% si no se saldaba la deuda de agua antes del 31 de diciembre. El tratado estipula que México debe entregar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años, pero el último ciclo concluyó con un déficit debido a una sequía extraordinaria. El acuerdo también contempla el uso de aguas de los ríos San Juan y Álamo, afluentes no internacionales, para cumplir con el compromiso en caso de que México no las necesite, una medida permitida por el Acta 331 firmada en noviembre de 2024. Ambas naciones manifestaron su intención de finalizar un plan detallado para el 31 de enero de 2026 y fortalecer la gestión cooperativa del recurso hídrico.