El tribunal también señaló que el Estado violó su derecho a la salud, ya que no recibió atención médica accesible y de calidad, y el hospital carecía de intérpretes de náhuatl. La investigación del caso fue duramente criticada por la Corte, que la calificó como prematuramente cerrada y basada en “motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género”. Estos estereotipos, según la sentencia, fueron replicados por altas autoridades, incluido el entonces presidente, quien afirmó que la muerte de Ernestina se debió a una “gastritis crónica”, creando un “ambiente de descreimiento” hacia las declaraciones de la víctima y sus familiares. La Corte ordenó a México implementar diversas medidas de reparación, como una investigación penal exhaustiva para sancionar a los responsables, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.