Según la investigación, estos fondos ilícitos eran canalizados a empresas controladas por García Luna.

El caso se relaciona con diez contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales, cuyo daño patrimonial se calcula en 5,112 millones de pesos. Caballero Tardaguila es ingeniero en computación con maestría por el ITAM y, curiosamente, en 2016 fungió como vocal del subcomité de Transparencia y Cero Corrupción del ayuntamiento de Cuernavaca. Tras su detención, fue puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se solicitará la audiencia inicial para su imputación.