Esta medida busca eliminar el anonimato que, según las autoridades, facilita actividades ilícitas.

Para ello, los operadores de telefonía deberán desarrollar dos plataformas: una de gestión, para que los usuarios vinculen sus líneas presentando una identificación oficial (INE, pasaporte o CURP biométrica) y, en el caso de trámites remotos, una "prueba de vida"; y una plataforma de consulta, donde cualquier persona podrá verificar con su CURP o RFC cuántas líneas están asociadas a su identidad, mostrando solo los últimos cuatro dígitos del número y el nombre del operador para proteger la privacidad.

La información será resguardada por cada compañía telefónica, no en un padrón centralizado del gobierno.

En el caso de las líneas utilizadas por menores de edad, estas deberán ser registradas a nombre de su padre, madre o tutor legal. A pesar de las salvaguardas, especialistas en derechos digitales han expresado preocupaciones sobre posibles riesgos de phishing y la efectividad real de estos padrones para reducir la delincuencia.