Por su parte, la ANPEC calcula que 400 mil pequeños negocios están en riesgo. La industria sostiene que no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan la obesidad, afirmando que las bebidas azucaradas aportan menos del 5% de las calorías consumidas por los mexicanos y que el consumo per cápita se ha mantenido estable en las últimas tres décadas, a diferencia de los índices de sobrepeso. El gobierno, por su parte, defiende el impuesto como una medida de salud pública, proyectando una recaudación adicional de 41 mil millones de pesos para atender enfermedades crónicas.