JP Morgan proyecta que las empresas tendrán que aumentar sus precios entre un 11% y 12%, lo que podría ocasionar una reducción de ventas de entre 3% y 5%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advierte un “efecto dominó” que podría llevar al cierre de hasta 60 mil tienditas, cuyos ingresos dependen en gran medida de la venta de refrescos. Por su parte, la industria tabacalera, representada por el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), alerta que el incremento de precios impulsará el comercio ilícito de cigarros del 20% actual hasta un 50% del mercado.

Esto no solo afectaría a empresas como Philip Morris México y British American Tobacco, sino que también provocaría pérdidas fiscales estimadas entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales, según la Concamin. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida, asegurando que la recaudación adicional se destinará a un fondo para atender enfermedades crónicas, y que el gravamen aplicará a todas las bebidas que la Secretaría de Salud considere dañinas por su contenido de azúcar.