Un juez federal de Nueva York ha ordenado a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, desistir de las demandas que interpuso en México para eludir el pago de una deuda que ya asciende a 580 millones de dólares. La televisora y su propietario se encuentran en riesgo de ser acusados de desacato, lo que podría acarrear sanciones económicas e incluso penales. El conflicto se originó en 2017, cuando TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares en mercados internacionales, aceptando en los contratos que cualquier disputa legal se resolvería “única y exclusivamente” en las cortes de Nueva York. Sin embargo, en 2022, la empresa dejó de pagar los bonos y recurrió a tribunales de la Ciudad de México, argumentando que la pandemia de COVID-19 le impedía cumplir con sus obligaciones.
Un juez capitalino, Miguel Ángel Robles, le otorgó medidas cautelares que le permitieron suspender los pagos.
Ante esta situación, los acreedores, representados por The Bank of New York Mellon, demandaron a la televisora en Estados Unidos.
El juez Paul G. Gardephe determinó que las acciones legales en México constituyen una violación a la cláusula de jurisdicción y fueron presentadas para “entorpecer o bloquear de manera maliciosa los intentos de los acreedores para recuperar su dinero”. La orden judicial exige el retiro inmediato de los litigios en México, advirtiendo que el incumplimiento derivará en sanciones por desacato. Este caso ha escalado al ámbito político; la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el asunto forma parte de un arbitraje internacional donde se pide la intervención del Estado mexicano, y afirmó que “si hay una deuda, pues tiene que pagarse”. La mandataria también propuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revise la actuación del juez que favoreció a la televisora.
En resumenLa orden de la corte de Nueva York representa un duro revés para la estrategia legal de TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, reafirmando la validez de los acuerdos contractuales internacionales sobre la jurisdicción local. El caso evidencia la creciente presión judicial sobre el conglomerado, tanto en México como en el extranjero, y subraya la postura del gobierno mexicano de exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras en disputas que involucran arbitrajes internacionales.