Sin embargo, fuentes cercanas al proceso y líderes sindicales, como Ismael Leija, denuncian que se trata de una “táctica dilatoria” con “intereses ocultos”. Acusan a MADISA de buscar un beneficio económico particular, exigiendo un pago adelantado de 12 millones de dólares y priorizando su cobro por encima de los derechos de los trabajadores, lo que contraviene la ley y las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. El recurso legal frena la publicación de la convocatoria para la subasta de la acerera, prevista para octubre, y podría retrasar el proceso por meses o incluso años.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra, manifestó su rechazo, afirmando que no se debe beneficiar a una empresa que por años se enriqueció con AHMSA y ahora pretende pasar por encima de los trabajadores. La situación ha causado que potenciales inversionistas se mantengan a la expectativa, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de la principal fuente de empleo de la región.