Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una compleja situación financiera, marcada por una deuda millonaria con sus proveedores que pone en riesgo la cadena productiva. En medio de esta crisis, la paraestatal logró un acuerdo salarial con su sindicato, mientras analistas advierten que, por primera vez, los contribuyentes subsidiarán a la empresa en 2026. En un movimiento para garantizar la estabilidad laboral, Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) formalizaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, que incluye un aumento salarial del 4.5%. Este acuerdo fue presentado como un acto de justicia laboral alineado con la política del Gobierno de México. Sin embargo, la crisis estructural de la empresa persiste, siendo la deuda con sus proveedores el problema más urgente.
Álvaro Fernández, presidente del conglomerado Alfa, estimó que el adeudo asciende a entre 20 y 25 mil millones de dólares, una situación que asfixia a las empresas del sector.
"¿Cómo nos pueden pedir produce más, eh, haz más cosas crece, invierte, si no nos pagan?
", cuestionó Fernández, subrayando que esta falta de liquidez impide nuevas inversiones y el crecimiento de la producción. El panorama se agrava con el análisis del Paquete Económico 2026 realizado por la organización México Evalúa, el cual revela que las transferencias del gobierno a Pemex (263 mil millones de pesos) superarán los ingresos petroleros que la federación recibirá (233 mil millones), resultando en un costo neto de 31 mil millones de pesos para el erario. Esto se traduce en que cada mexicano aportará en promedio 230 pesos para mantener a flote a la petrolera estatal.
En resumenLa situación de Pemex es crítica. Aunque ha asegurado la paz laboral con un nuevo contrato sindical, su masiva deuda con proveedores está paralizando la capacidad de inversión y crecimiento del sector energético. Las proyecciones presupuestarias para 2026 marcan un punto de inflexión, donde la petrolera se convertirá en una carga neta para las finanzas públicas, trasladando el costo de su rescate directamente a los contribuyentes y planteando serias dudas sobre su estrategia y viabilidad a largo plazo.