El gigante tecnológico Samsung Electronics está evaluando seriamente la posibilidad de cerrar sus operaciones en México debido a un litigio fiscal multimillonario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El caso, que ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha convertido en un símbolo de la incertidumbre jurídica que enfrentan las inversiones extranjeras en el país. La controversia se centra en una presunta doble tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre importaciones temporales virtuales utilizadas dentro del programa IMMEX, un esquema diseñado para fomentar la manufactura y la exportación.
Según diversas columnas periodísticas, el SAT pretende un cobro que supera los 300 mil millones de pesos, una cifra que equivale a seis años de utilidades de la compañía en México.
Esta cantidad incluye, además, un interés compuesto con una tasa superior al 9%.
Samsung argumenta que la autoridad fiscal está duplicando el cobro del IVA, una interpretación que contraviene el marco legal del programa IMMEX y que, de ser validada, sentaría un precedente negativo para toda la industria manufacturera. El litigio ha escalado hasta la SCJN, donde existe una división de opiniones entre los ministros. Mientras la ministra Yasmín Esquivel considera que sí hay una doble tributación, la ministra Lenia Batres ha hablado de presuntas evasiones fiscales. La decisión final de la Corte será determinante, ya que una resolución desfavorable podría provocar la salida de Samsung, lo que implicaría la pérdida de miles de empleos y una inversión estratégica para el sector tecnológico nacional, afectando la confianza de otros inversionistas extranjeros.
En resumenLa batalla legal de alto perfil entre Samsung y el SAT pone de relieve la cuestión crítica de la certeza jurídica para los inversionistas extranjeros en México. Un fallo en contra de la empresa no solo podría desencadenar su salida, con un grave impacto en el empleo y la industria tecnológica, sino que también enviaría una señal alarmante a otras multinacionales que operan bajo el programa IMMEX, afectando la competitividad de México como centro manufacturero.