Esta medida, que afectará a empresas como Netflix, Amazon, Uber, Tinder y Mercado Libre, ha generado un intenso debate sobre la privacidad y la ciberseguridad.

La adición del artículo 30-B al Código Fiscal, que entrará en vigor el 1 de abril de 2026, facultará al SAT para conectarse directamente a los sistemas de estas empresas para "verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales". La industria digital, representada por la Asociación de Internet MX (AIMX) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), ha expresado una fuerte oposición, advirtiendo que la medida habilita una "vigilancia masiva" sin necesidad de una orden judicial. David Pizaña Rito, de la AIMX, describió la reforma como "darle una llave maestra para entrar a cualquier sitio electrónico". El gobierno, a través del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, defiende la medida asegurando que el acceso se limitará a información de carácter fiscal, como gastos e ingresos, y no a la identidad personal. Sin embargo, la industria advierte que esta conexión directa crea una "vulnerabilidad permanente" que podría exponer datos sensibles de millones de usuarios y frenar la economía digital por el temor de las empresas a ser vigiladas sin límites.