Grupo Salinas ofrece pagar una fracción de su deuda fiscal y amenaza con recurrir a cortes internacionales

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha ofrecido pagar una parte de la deuda fiscal que sus empresas mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tiempo que el gobierno federal niega la existencia de un acuerdo previo. La disputa, que involucra una deuda estimada en 74 mil millones de pesos, ha escalado con la amenaza del conglomerado de acudir a instancias internacionales. Durante la celebración de su cumpleaños, Salinas Pliego declaró que “en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, queremos terminar esta pesadilla”, y afirmó estar dispuesto a liquidar el adeudo en “menos de 10 días”. Posteriormente, Grupo Salinas publicó documentos en los que detalla una propuesta de pago de 7,600 millones de pesos, argumentando que esta cifra se basa en un supuesto acuerdo con la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluía un pago ya realizado de 2,700 millones en 2022. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente dicho pacto, afirmando que “nunca se llegó a ningún acuerdo” y que si el grupo desea pagar, “pueden hacerlo hoy mismo, sin reuniones ni mesas técnicas”. Funcionarios del SAT y la Procuraduría Fiscal respaldaron esta postura, aclarando que el pago de 2022 corresponde a otro juicio y que los litigios actuales, que datan de 2008 a 2013, siguen su curso en tribunales. Ante la negativa del gobierno, Grupo Salinas acusó una “persecución sistemática” y anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defenderse.

En resumen

La disputa fiscal entre Grupo Salinas y el gobierno mexicano se intensifica, con el empresario ofreciendo pagar solo una décima parte de la deuda reclamada, mientras las autoridades niegan cualquier acuerdo previo y exigen el pago completo conforme a las resoluciones judiciales. La amenaza de llevar el caso a instancias internacionales añade una nueva dimensión a un conflicto que evidencia las tensiones entre el poder empresarial y la política de recaudación fiscal del gobierno.

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