El nuevo gravamen se aplica a camiones de clase 3 a 8 y sus componentes, un segmento donde México es el principal proveedor del mercado estadounidense. Según datos del Departamento de Comercio de EE. UU., casi el 80% de los 32,410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales importados por Estados Unidos entre enero y julio de 2025 provinieron de México. La medida afecta de manera particular a la producción de camiones de tonelaje medio de gigantes como Ford, General Motors (GM) y Stellantis, gran parte de la cual se realiza en plantas mexicanas. La justificación de la administración Trump se basa en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de “seguridad nacional”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó directamente la contracción económica del país en el tercer trimestre a la incertidumbre generada por esta política arancelaria, afirmando que su impacto se manifestó con rezago. Aunque se ha mencionado que los vehículos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC podrían obtener un trato preferencial o descuentos, la falta de especificaciones claras mantiene la preocupación en el sector, que advierte sobre posibles pérdidas millonarias y una desaceleración en las exportaciones.