Líderes de las compañías más influyentes de Estados Unidos han expresado serias preocupaciones sobre las recientes reformas judiciales en México, advirtiendo que la “politización” del Poder Judicial pone en riesgo sus inversiones. Agrupados en la Business Roundtable (BRT), que incluye a unos 200 CEOs de empresas como Apple, General Motors, FedEx y JPMorganChase, han solicitado a la administración Trump que presione para fortalecer los mecanismos de protección en la próxima revisión del T-MEC en 2026. La principal inquietud de los empresarios estadounidenses es la reforma que establece la elección de jueces por voto popular, lo que, según ellos, genera el riesgo de que las disputas comerciales se resuelvan con base en “consideraciones políticas en lugar de al Estado de Derecho”. Para mitigar este riesgo, la BRT recomienda enfáticamente que la Oficina del Representante Comercial de EE.
UU. (USTR) busque restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) de manera amplia, como existía en el TLCAN. El T-MEC actual redujo el alcance de este panel de arbitraje independiente, limitando los tipos de reclamos que los inversionistas pueden presentar contra el Estado mexicano. Los CEOs argumentan que la mera existencia del ISDS “probablemente haría reflexionar a aquellas figuras políticas (en México) que estén considerando la expropiación o presionando a los tribunales para que cedan a los caprichos políticos”.
Además, denunciaron un presunto trato discriminatorio a favor de empresas estatales como Pemex y CFE, y en contra de competidores en sectores como energía, telecomunicaciones y aviación.
En resumenLa Business Roundtable, que representa a las mayores corporaciones de EE. UU., ha manifestado su alarma por las reformas al Poder Judicial en México, viéndolas como una amenaza a la seguridad jurídica de sus inversiones. De cara a la revisión del T-MEC en 2026, su principal demanda es reinstaurar un mecanismo de arbitraje internacional robusto (ISDS) que proteja a las empresas de lo que perciben como “caprichos políticos”, evidenciando una creciente desconfianza en el sistema judicial mexicano.