La situación ha generado un debate sobre el papel de las grandes corporaciones en el mercado de granos. Se ha señalado que Altagracia Gómez, dueña de Minsa, es también asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que genera un aparente conflicto de interés. Los productores sostienen que Maseca y Minsa controlan el mercado y se benefician de la importación de maíz norteamericano subvencionado, dejando sin compradores al producto nacional. Por su parte, la SADER anunció un acuerdo para establecer una base de comercialización histórica para el maíz del Bajío, pero los productores de otras regiones, como Campeche, rechazan las propuestas al considerarlas insuficientes para el volumen total de su producción.