Argumentan que México está violando los capítulos 2, 14 y 22 del tratado, relativos al acceso a mercados, inversiones y empresas estatales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de influyentes agrupaciones del sector, como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la US Chamber of Commerce.

John Murphy, vicepresidente internacional de esta última, señaló que es necesario abordar “la excesiva burocracia, las cargas administrativas, las inspecciones injustificadas” y las políticas que favorecen a las paraestatales. En respuesta, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, negó las acusaciones, afirmando que “es falso que el Estado mexicano discrimine a las empresas petroleras de Estados Unidos”. Sostuvo que la legislación actual, incluidas las reformas recientes, es consistente con el T-MEC y promueve la inversión privada con reglas claras, como la figura de contratos mixtos. La Sener añadió que las inconformidades de 2022 ya fueron superadas y que no ha sido necesario establecer un panel de controversias. No obstante, si la activación del panel no prospera, los congresistas estadounidenses proponen confrontar directamente a México durante la revisión del T-MEC en 2026.