La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado en firme sentencias que obligan a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Elektra y TV Azteca, a pagar más de 48 mil millones de pesos en adeudos fiscales. Esta resolución marca un punto culminante en una disputa legal de más de una década y establece un precedente sobre el cobro de impuestos a grandes contribuyentes en México. El conflicto se centra en siete créditos fiscales derivados de incumplimientos en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013. La SCJN desechó los recursos de amparo y reclamación presentados por las empresas, con lo que los adeudos se convierten en créditos fiscales exigibles. Tras el fallo, Grupo Salinas calificó la jornada como “un día negro para la justicia y el Estado de derecho en México”, acusando a los ministros de actuar por “consigna desde Palacio Nacional” y de omitir el análisis jurídico de fondo.
La empresa denunció un “acoso político” y anunció que recurrirá a instancias internacionales.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “Mejor pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes”.
Fiscalistas explican que, si el empresario se niega a pagar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), que permitiría el embargo de bienes como cuentas bancarias, inmuebles, acciones y marcas. Aunque existe la opción de un pago en parcialidades de hasta 36 meses, este implicaría recargos adicionales.
La magnitud del adeudo es tal que supera los pagos fiscales realizados por otros grandes contribuyentes como Walmart, FEMSA y América Móvil durante el sexenio anterior.
En resumenLa decisión de la SCJN obliga a Grupo Salinas a pagar una deuda fiscal histórica superior a 48 mil mdp, cerrando una larga batalla legal. Mientras el grupo empresarial denuncia persecución política y anuncia que recurrirá a instancias internacionales, el gobierno federal y expertos fiscales señalan que, de no cumplir, se enfrentará a procedimientos de embargo sobre sus bienes y cuentas, estableciendo un precedente significativo en la recaudación fiscal de grandes contribuyentes.