La medida, que entrará en vigor en 2026, busca proteger la industria nacional pero ha generado una enérgica respuesta de China, que la califica como proteccionista. La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ajusta 1,463 fracciones arancelarias en 17 sectores estratégicos, incluyendo automotriz, textil, calzado, acero y electrodomésticos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la medida, asegurando que “protegerá 350 mil empleos de México en el año 2026” y podría generar una recaudación de hasta 70 mil millones de pesos.

Ebrard y Sheinbaum aclararon que la política no está dirigida específicamente contra China, sino que forma parte del “Plan México” para fortalecer la producción interna y sustituir importaciones.

Sin embargo, el gobierno chino reaccionó con firmeza, instando a México a “corregir sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino advirtió que las medidas “dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China” y que vigilarán de cerca su implementación, sin descartar la aplicación de contramedidas. Corea del Sur, otro de los países afectados, comunicó que evaluará el impacto y deliberará sobre posibles “medidas de respuesta”. La reforma también ha generado preocupación en sectores industriales mexicanos que dependen de insumos asiáticos, como la industria del juguete y la automotriz, que advierten sobre un posible encarecimiento de sus costos de producción y un impacto inflacionario para el consumidor final. La medida se produce en un contexto de tensiones comerciales globales y en la víspera de la revisión del T-MEC en 2026, lo que algunos analistas interpretan como un alineamiento con las políticas de Estados Unidos.