La propuesta de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de forma gradual para 2030 ha generado un intenso debate entre el sector empresarial, que advierte sobre un severo impacto en los costos operativos. Aunque la medida es vista como un avance en la calidad de vida de los trabajadores, líderes de la iniciativa privada estiman que podría encarecer la operación hasta en un 25%. Según la propuesta, la disminución de horas comenzaría en 2027, pasando de 48 a 46 horas, y continuaría con reducciones anuales hasta alcanzar las 40 horas. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, a través de su presidente Héctor Sánchez, alertó que este cambio obligaría a las empresas a contratar más personal para cubrir los turnos, lo que se traduciría en un incremento progresivo de precios al consumidor que podría llegar al 25%. Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy, coincide en que, si las empresas optan por pagar horas extras para cubrir la jornada, el impacto en costos podría ser de entre 20% y 25%, debido a las cargas sociales asociadas.
El sector empresarial, especialmente las MiPyMEs, se considera el más vulnerable.
La presidenta del Colegio de Contadores de San Luis Potosí, Izanami Viera Bustos, señaló que la combinación de salarios más altos y nuevas obligaciones administrativas está llevando a empleadores a la informalidad. Líderes empresariales en Tamaulipas y otras regiones han solicitado que la aplicación sea gradual y diferenciada por sector, para minimizar los daños a la productividad y evitar el cierre de negocios o la pérdida de empleos.
En resumenLa reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales es percibida como un beneficio para los trabajadores, pero el sector empresarial advierte de un fuerte impacto económico, con un posible aumento de costos de hasta 25%, lo que podría generar inflación y presionar a las Pymes hacia la informalidad.