La decisión de reservar la información se ampara en el artículo 63 de la ley de Pemex, que excluye a sus filiales de ser consideradas entes paraestatales obligados a la misma rendición de cuentas. La opacidad impide conocer si el programa opera con pérdidas, el número de rutas activas o si su cobertura se está expandiendo o reduciendo. La controversia se intensifica ante las declaraciones previas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que se evalúa la desaparición de Gas Bienestar al considerar que ya cumplió su objetivo de estabilizar el precio del producto, lo que añade incertidumbre sobre el futuro de la inversión pública realizada.