El impacto reputacional fue inmediato, causando una migración acelerada de fideicomisos, cuentas empresariales y fondos de inversión hacia otros bancos.

Calificadoras como Fitch Ratings degradaron sus notas crediticias a grado especulativo.

La presión fue insostenible y, en los meses siguientes, las instituciones se vieron forzadas a desmantelar sus operaciones.

CIBanco solicitó su liquidación voluntaria al IPAB, Intercam vendió parte de sus operaciones a Kapital Bank, y Vector Casa de Bolsa cedió activos a Finamex antes de que la CNBV le retirara la licencia. Este episodio obligó a todo el sistema bancario mexicano a reforzar sus controles y evidenció la creciente presión de Estados Unidos en la prevención de lavado de dinero en el marco del T-MEC.