Chihuahua fue el estado con mayor número de regularizaciones, superando las 600,000 unidades.

La AMDA señaló que la medida introdujo al país una gran cantidad de vehículos altamente contaminantes y de dudosa procedencia, afectando la seguridad vial y generando una competencia desleal que redujo los precios de los autos usados nacionales hasta en un 20%. Con la derogación, la importación de vehículos usados deberá volver a regirse por el decreto vigente desde 2011, que establece reglas claras y el pago de impuestos bajo el marco del T-MEC. Importadores de autos usados, como Tomás Cantú González, respaldaron la cancelación, reconociendo que, aunque el decreto inicial ayudó a familias de escasos recursos, su continuación fomentó prácticas indebidas. Ahora, la única vía legal para la regularización será a través de la Aduana, un proceso considerablemente más costoso que podría rondar entre 15,000 y 50,000 pesos por vehículo, dependiendo del modelo.