Miguel Calderón Quevedo, coordinador del CESP, describe la situación como una “tormenta constante” que supera crisis anteriores, como las de 2008 y 2017, por su impacto profundo y prolongado.

Los meses más violentos fueron octubre y noviembre de 2024, y junio de 2025. La violencia no solo se refleja en cifras de homicidios; las desapariciones forzadas también han alcanzado un récord, con 2,189 denuncias según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), cuyo presidente, Óscar Loza Ochoa, advierte que las autoridades están rebasadas. La crisis ha tenido un severo impacto económico, con el cierre de más de 1,000 empresas, la pérdida de más de 25,000 empleos y un colapso en la vida nocturna y comercial. A pesar del despliegue de más de 10,000 elementos federales y estatales, la percepción de inseguridad persiste, afectando escuelas, comercios y la vida social en general, y dejando a la población civil atrapada en el fuego cruzado.