Según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), el conflicto ha causado, desde el 9 de septiembre de 2024, alrededor de 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones forzadas. Otras fuentes elevan las cifras a casi 2,000 asesinatos y más de 1,900 secuestros. La violencia ha impactado la vida social y económica, con el cierre de más de 300 negocios, pérdidas económicas estimadas en 6 mil millones de pesos y el desplazamiento de al menos 90,000 personas. El coordinador del CESP, Miguel Calderón Quevedo, advirtió que las instituciones de seguridad en Sinaloa están debilitadas y dependen del respaldo federal, afirmando que "si las corporaciones federales no estuvieran presentes, el problema sería dos o tres veces más grave". La situación ha provocado que pueblos enteros vivan bajo fuego constante y que las carreteras sean bloqueadas con frecuencia, a pesar del despliegue de más de 10,000 elementos de seguridad.