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Gobierno cancela festejos masivos del Grito de Independencia en Culiacán por inseguridad

Por segundo año consecutivo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de los festejos populares del Grito de Independencia en Culiacán debido a la persistente ola de violencia. La conmemoración se limitó a un acto cívico protocolario con la presencia de autoridades, una decisión que subraya la grave crisis de seguridad que afecta a la capital del estado. La medida fue justificada por el gobernador como un acto de “alta responsabilidad que exige que las decisiones que adoptemos tengan como finalidad invariablemente asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses”. Esta decisión implicó la suspensión de las presentaciones artísticas de Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda Tierra Santa, que estaban programadas para la explanada del Palacio de Gobierno. La cancelación se enmarca en un contexto de violencia atribuido a la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, que según reportes ha dejado un saldo de casi 1,800 asesinatos y más de 2,300 desapariciones en el último año. La decisión fue criticada por la senadora Paloma Sánchez, quien acusó a Rocha Moya de querer una foto con una gran afluencia para competir con la reciente marcha por la paz y cuestionó el destino de los 16 millones de pesos presuntamente destinados a los artistas. A pesar de que horas antes el gobernador había confirmado los espectáculos, e incluso se mencionó que Miguel Bosé había solicitado seguridad extra para presentarse, la determinación final fue priorizar la seguridad ciudadana. La medida se sumó a cancelaciones similares en otros municipios como San Ignacio y Navolato, reflejando un panorama de inseguridad generalizado que impidió la celebración de una de las fechas cívicas más importantes para el país.

En resumen

La cancelación de la fiesta popular del 15 de septiembre en Culiacán por segundo año consecutivo evidencia el profundo impacto de la violencia en la vida cívica y social de la capital sinaloense. La decisión del gobierno de limitar la conmemoración a un acto protocolario refleja la incapacidad de garantizar la seguridad en eventos masivos, priorizando la protección ciudadana sobre la tradición.