En declaraciones posteriores, admitió haber actuado por prudencia y por "miedo a una provocación" que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía en una congregación masiva. El acto protocolario se llevó a cabo en la explanada del Palacio de Gobierno con una asistencia limitada, compuesta principalmente por cadetes de la Universidad de la Policía y un reducido grupo de ciudadanos, en contraste con las multitudes de años anteriores.

La decisión fue replicada por otros municipios como Navolato y San Ignacio, que también optaron por suspender o limitar sus festejos.

La medida subraya el impacto profundo de la violencia en la vida cívica y social de la capital, donde incluso las tradiciones nacionales más arraigadas se ven supeditadas a la imperante necesidad de seguridad pública.