Estos eventos no solo involucran a grupos criminales y fuerzas de seguridad, sino que también afectan a civiles inocentes, como una familia migrante que resultó herida al quedar atrapada en un fuego cruzado.

La violencia ha alcanzado a las propias fuerzas del orden, con ataques directos a policías estatales y municipales, como los ocurridos en Bacurimí y el fraccionamiento La Conquista, donde un agente perdió la vida. La situación se agrava con actos de intimidación pública, como incendios provocados en propiedades como la hacienda “La Chaparrita” en Bachigualato y ataques a domicilios particulares. La vida cotidiana se ve interrumpida por la violencia, como lo demuestra el asesinato de un hombre en el centro de la ciudad a plena luz del día o la ejecución de un exagente ministerial en su propio domicilio. Incluso familiares de altos funcionarios no están exentos, como lo evidencia el ataque al vehículo en el que viajaba la nieta del gobernador, calificado por las autoridades como un intento de despojo. Esta atmósfera de inseguridad ha provocado un desplome en la actividad económica, con la caída drástica en la venta de automóviles y el cierre de negocios, reflejando el temor y la incertidumbre que dominan la ciudad.