La secretaria María Inés Pérez Corral aseguró que todas las familias registradas reciben atención integral, que incluye insumos básicos, reubicación escolar para los niños y seguimiento médico. Sin embargo, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, manifestó su preocupación por la existencia de una “cifra negra” que supera ampliamente los registros oficiales, estimando que desde 2009 se han desplazado cerca de 29,000 personas en el estado. Loza Ochoa señaló que las cifras actuales no consideran manifestaciones recientes en comunidades rurales de otros municipios.

Como consecuencia directa del trauma, las familias desplazadas que llegan a Culiacán han solicitado explícitamente apoyo para la salud mental.

En respuesta, la Secretaría de Bienestar del municipio ha comenzado a ofrecer atención psicológica, reconociendo las profundas secuelas emocionales que deja el abandono forzado de sus comunidades y patrimonio. Esta situación evidencia que el impacto de la violencia trasciende los enfrentamientos y homicidios, generando una crisis social que requiere una respuesta gubernamental más amplia.