La queja principal se centró en el nuevo cargo de 600 pesos para poder realizar sus prácticas clínicas, un monto que, según denunciaron, se cobraba sin emitir ningún tipo de recibo o factura. Esta falta de comprobantes generó sospechas sobre el destino de los recursos recaudados.

Además del cobro por la clínica, los estudiantes señalaron que la colegiatura semestral había aumentado de 1,200 a 2,500 pesos en un solo semestre, lo que representa un incremento cercano al 60%.

Este aumento, sumado a los gastos adicionales, ha puesto en aprietos económicos a muchas familias, como lo relató una estudiante cuyo padre había perdido su empleo.

Otro punto de conflicto es la presunta obligación de adquirir los materiales e insumos para sus prácticas directamente en la universidad, impidiéndoles buscar opciones más económicas con otros proveedores, a pesar de que algunos ya habían comprado su material por cuenta propia. Los manifestantes solicitaron a la administración de la facultad una explicación detallada sobre estos cobros y la justificación del alza en las colegiaturas.